El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha criticado el anuncio del Gobierno de Canarias para implantar en 2025 el impuesto denominado céntimo forestal, un recargo a los combustibles para automoción destinado al cambio climático en manos de los cabildos insulares, al considerar que con ello el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, “vuelven a meter la mano” en el bolsillo de la ciudadanía canaria. “El mayor esfuerzo no debe recaer en los ciudadanos, prometiendo que iban a bajar los impuestos en Canarias, y lo que están haciendo es subirlos, engañando a la gente”.
Para Franquis, lo que se pretende con esta medida es gravar más el combustible a todos los canarios y canarias, en lugar de buscar fórmulas que permitan que los turistas contribuyan a la sobrepresión que se ejerce sobre el territorio y la lucha contra el cambio climático. “Estamos de acuerdo en la búsqueda de fórmulas que ayuden a la lucha contra el cambio climático, pero sin que ello suponga meter la mano en el bolsillo a la ciudadanía con los segundos salarios más bajos de todo el país y sin criterio de progresividad alguno, como quiere hacer el Gobierno de Clavijo. Por eso hemos presentado la Proposición de Ley del Impuesto de estancias turísticas en Canarias para los no residentes”.
El portavoz socialista afirma que el Gobierno de Canarias lo que demuestra con esta medida es ser un gobierno que sube el coste del combustible a los canarios y canarias y no quiere aplicar a los visitantes el impuesto a las estancias turísticas propuesto por el Grupo Socialista, que exime a los residentes y obliga a quienes visitan las islas a contribuir con entre uno y 3,5 euros a paliar los efectos que generan sobre las infraestructuras y sobre el territorio.
Además, denuncia que la exacción fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción se presenta como novedad, cuando en realidad es una figura que ya existe, siendo aplicada por la mayoría de cabildos insulares como los de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente, destinan los dos céntimos recaudados a la reparación y conservación de la red insular de carreteras y políticas de transporte terrestre, y la mayor parte contrarios a este nuevo anuncio.
“Lo que hace el Gobierno de Canarias es, por un lado, renunciar a luchar contra el cambio climático a través de los recursos de la comunidad autónoma, y, por otro, trasladar esa responsabilidad a los cabildos insulares, siempre que así lo consideren, pues este recargo tiene carácter potestativo, de modo que existe la posibilidad de que haya cabildos que no lo apliquen”, alerta.
En este sentido, reitera que, de esta forma, se pretende “gravar más el combustible a todos los canarios y canarias, en lugar de buscar fórmulas que permitan que quienes nos visitan contribuyan a la sobrepresión que se ejerce sobre el territorio y a la lucha contra los efectos del cambio climático”.
Contradicciones del PP
También considera “cuanto menos curioso” que el Partido Popular en cabildos como el de Gran Canaria o el de Fuerteventura haya solicitado la eliminación de la exacción de los dos céntimos vigentes, y ahora el PP de Canarias proponga aumentar el coste del combustible, que podría llegar hasta los cuatro céntimos, si es finalmente aplicado por los cabildos insulares.
Franquis califica de “insultante” el anuncio sobre la exención de abonar este recargo de dos céntimos como máximo para el sector profesional del transporte, teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias se niega a implementar la bonificación del 99,9% del impuesto del combustible a los agricultores, ganaderos y transportistas, vigente en 2022 y 2023, por decisión del Pacto de las Flores para hacer frente a los efectos de la inflación y que beneficiaría a cerca de 20.000 autónomos, pymes y microempresas de las islas.
“Estamos ante un gobierno del anuncio, desnortado, con propuestas que no dan respuesta a los problemas de la ciudadanía, que deriva las responsabilidades siempre a otras administraciones. En este caso a los cabildos insulares en relación con la lucha contra el cambio climático”, añade.
