Esta semana, el Gobierno de Canarias y los presidentes de los cabildos tuvimos la oportunidad de poner sobre la mesa las conclusiones de los grupos de trabajo que han abordado las medidas para una Canarias mejor, a través de la Conferencia de Presidentes. La teoría y el diagnóstico ya están culminados, pero ahora queda definir con valentía y convicción los compromisos para que todas las administraciones públicas, la entidades privadas y la sociedad civil en su conjunto participen en un proceso que debe ser de transformación y participación de este archipiélago.
Lo primero que tenemos que hacer es creernos los cambios que necesita esta tierra. De nada vale que nos sentemos a realizar un diagnóstico de una Canarias que crece sin límites, si luego no somos capaces de asumir que debemos autoimponernos medidas que nos ayuden a equilibrar el desarrollo de nuestra sociedad y abordar la sostenibilidad como un eje dinámico que vertebre el presente y el futuro. Sin entender todo esto nada de lo hecho hasta ahora tendría sentido.
Para empezar, sabemos que hay que determinar una planificación territorial y medioambiental, urbanística, social y económica efectiva. No se trata de ir por libre, sino de unificar criterios y que la actualización de los planeamientos nazca con una visión de comunidad, desde la realidad de cada territorio insular, pero siguiendo unas pautas que indiquen qué sociedad y qué Canarias queremos para el futuro.
Este sería el inicio de una carrera de fondo. Es la antesala a la toma de decisiones y, lo más importante, es la simplificación administrativa que debe ir acompañada de recursos para afrontarla. La cuestión del reto demográfico es un buen ejemplo de transversalidad y ahí hay que poner empeño para que las cuentas públicas se elaboren teniendo consciencia de esta realidad, porque Canarias se construye desde la riqueza de una región desigual, cuyos territorios aspiran a vivir en igualdad de oportunidades.
Ahora se trata de poner los pies en la tierra. En las islas capitalinas, colocando las piezas de un puzzle que reclama imponer límites al crecimiento y garantizar los recursos. Y, en las Islas Verdes, creando fórmulas que eviten la pérdida de población y faciliten oportunidades para quienes deciden vivir en ellas, especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes, que siempre han soportado las desventajas de un territorio doblemente insular y necesitan de políticas fiscales para afrontar esta realidad.
Hay que articular acciones para incentivar la inversión en estos territorios, aportar más transparencia en la protección y el desarrollo, incrementar los recursos para dar respuesta al acceso a la vivienda, paliar los datos de exclusión social y pobreza, y todo ello desde una perspectiva integral de sostenibilidad.
Creo en una Canarias de iguales que progrese desde la diversidad e igualdad de oportunidades en cada isla, que atienda a las singularidades de cada una de ellas, pero que no muera en el intento de vertebrar su futuro con la creencia firme de que esta es una tarea de todos los agentes implicados.
