Uno de los temas más debatidos en el último año ha sido la crisis migratoria que afecta a Canarias. Se ha escrito tanto al respecto que a veces resulta difícil detenerse a reflexionar con calma sobre las razones por las cuales siguen sin tomarse decisiones fundamentales en cuestiones como la atención a los menores migrantes no acompañados. Si analizamos los fracasos de la acción política, este asunto representa uno de esos puntos de inflexión en los que ha faltado altura de miras.
Canarias lleva demasiado tiempo soportando las consecuencias de un fenómeno migratorio que en 2024 alcanzó cifras sin precedentes, con más de 46.000 personas arribando a sus costas y un incremento de hasta 5.700 menores bajo tutela de la Comunidad Autónoma. A pesar de estos datos alarmantes, sigue sin materializarse un acuerdo que permita la reforma de la Ley de Extranjería para facilitar una distribución efectiva de los menores migrantes.
No se trata sólo de garantizar servicios de acogida dignos, sino de gestionar una situación que ha colapsado el sistema de atención en las islas. Actualmente, más de 86 centros albergan a estos menores, quienes han huido de sus países en busca de un futuro mejor, dejando atrás la inestabilidad política y social. La mayoría de estos territorios están más cerca de Canarias que del propio continente europeo.
Tras meses de intentos fallidos, se espera que febrero sea el mes en que finalmente se logre un acuerdo para la reforma. Sin embargo, existe el riesgo de que surjan nuevos obstáculos que vuelvan a paralizar el proceso, demostrando una vez más cómo la necesaria política de Estado se ve desplazada por el tacticismo político. Esta forma de hacer política ha ganado terreno en España, convirtiendo el servicio público en un espectáculo que prioriza los titulares de prensa sobre las verdaderas necesidades sociales.
Lo que sí resulta cada vez más evidente es que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario esta situación. La práctica totalidad de las fuerzas políticas en las islas coinciden en la urgencia del problema. Sin embargo, lo que se defiende en Canarias no siempre se aplica con la misma determinación en Madrid. Aquí radica la clave de las decisiones futuras. No hay tiempo que perder: el compromiso público debe facilitar el acuerdo. No es una cuestión de partidos, sino un asunto de Estado que requiere una respuesta contundente. Estamos, posiblemente, ante la última oportunidad para lograrlo.
El acuerdo no solo representa una herramienta para solucionar el problema, sino también una oportunidad para fortalecer el modelo de cooperación territorial. La capacidad de consenso en asuntos cruciales como la migración sienta las bases para un futuro en el que los desafíos se enfrenten con una visión compartida, evitando que la gestión de problemas estructurales dependa de coyunturas políticas cambiantes. La solidaridad entre comunidades autónomas y el respaldo firme del Estado son pilares esenciales para garantizar una respuesta equitativa y eficiente.
En este contexto, la política del acuerdo no debe verse como una concesión, sino como una manifestación de responsabilidad y madurez democrática. Lograr consensos en materia migratoria significa reforzar la cohesión social y demostrar que el interés general prevalece sobre disputas partidistas. España tiene la oportunidad de dar ejemplo en la gestión de la crisis migratoria, mostrando que el diálogo y el compromiso son las herramientas más efectivas para afrontar los retos del presente y del futuro.
