La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha propuesto este lunes, durante la presentación del informe anual de la Diputación del Común en el Parlamento de Canarias correspondiente a 2024, un conjunto de medidas para mejorar la coordinación institucional con esta figura estatutaria y reforzar los principios de buena administración en el Archipiélago.
Durante su intervención ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, Melodie Mendoza valoró el trabajo realizado por la Institución y reconoció tanto el legado del anterior Diputado del Común, Rafael Yanes, como la nueva etapa liderada por Lola Padrón, a quien deseó “éxito y firmeza en la defensa de los derechos fundamentales”.
La presidenta del Grupo Parlamentario ASG centró su intervención en cinco prioridades: la mejora en la gestión del reconocimiento de discapacidad, la reducción de desigualdades entre islas, la atención presencial para frenar la brecha digital, la emergencia habitacional y la necesidad de reformar el marco normativo de colaboración entre administraciones y la Diputación del Común.
«En Canarias estamos tardando hasta tres años para resolver expedientes que por ley deben resolverse en tres meses. No podemos mirar hacia otro lado cuando se vulnera un derecho básico como es el acceso al reconocimiento de la discapacidad. Hay que activar un plan de choque con personal técnico y criterios de urgencia», manifestó.
Asimismo, denunció que las diferencias territoriales en el acceso a los servicios públicos continúan afectando a islas como La Gomera y al conjunto de las Islas Verdes. «Desde ASG volvemos a decirlo alto y claro: la equidad insular debe dejar de ser una aspiración para convertirse en un eje de planificación real. No puede ser que el lugar donde viva una persona determine la eficacia con la que se le atiende», remarcó.
En relación con la atención digital, Melodie Mendoza alertó de que el 94% de las atenciones se realiza ya de forma telemática, lo que está dejando fuera a millas de ciudadanos sin competencias tecnológicas. «No se puede hablar de buen gobierno si no hay accesibilidad. Es necesario recuperar la presencialidad mínima en los servicios esenciales y garantizar la atención sin cita en casos urgentes», defendió.
Compartió, igualmente, la necesidad de un pacto por la vivienda, un asunto que, según dijo, «ha estado presente, constantemente, en el debate parlamentario, al ser uno de los principales problemas que tiene actualmente la ciudadanía y que los responsables públicos tenemos la obligación de solventar. En esta tarea, está inmerso mi grupo parlamentario», apuntó.
Por último, propuso que el Parlamento impulsara una reforma normativa para evitar la reiteración de incumplimientos por parte de distintas administraciones públicas. «Más de 500 advertencias de obstruccionismo no pueden quedar sin consecuencias. Debemos garantizar que las resoluciones de la Diputación del Común se ejecuten y se respeten sus plazos», concluyó.
“Porque la buena administración no puede ser una utopía: debe ser una realidad palpable en cada expediente, en cada isla y para cada ciudadano”, subrayó la diputada por la Isla de La Gomera al finalizar su intervención.
