O. GONZÁLEZ.-Los cabildos,por un lado,y los ayuntamientos,por otro,han expresado a lo largo de la semana su preocupación por el estado de sus cuentas y por cómo van a afrontar el próximo ejercicio. Los primeros han llegado a hablar,incluso,de quiebra técnica,mientras que los segundos han recordado que su delicada situación los ha llevado,en ocasiones,a aplicar medidas tan drásticas como expedientes de regulación de empleo. A poco que se profundice,detrás de una y otra situación surge el debate de las competencias transferidas y su falta de financiación. Este hecho,ignorado en épocas de bonanza,acecha ahora a las corporaciones insulares y locales,tanto que unas y otras se plantean devolverlas a la administración matriz.
Ambas se quejan de que ejercen atribuciones que no les corresponden y que,por tanto,es necesario aplicar una redistribución que pasa por el cambio de algunas leyes. Sin embargo,un informe encargado en 2010 por la Federación Canaria de Municipios (Fecam),y cuya trascedencia ha sido prácticamente nula hasta ahora,pone de manifiesto que en Canarias las competencias están bien definidas,pero que se hace «caso omiso» a las previsiones legales.
Por ello,alerta el informe,a partir del oportuno «Pacto Local» se debe proceder técnicamente a un «desglose pormenorizado» de los servicios a prestar obligatoriamente por cada una de las Administraciones concurrentes. Además,subraya que el citado pacto en Canarias consistiría «en el acuerdo político,adoptado de forma clara y en documento jurídico apropiado,expresivo de la voluntad de cumplir con las leyes vigentes en este ámbito».
Falta de interés
Y es que se ignora el documento,afirma el exasesor de la Fecam,Pedro Lasso,no por que las conclusiones dejen de estar ajustadas a la realidad,todo lo contrario,sino por la falta de interés en aplicarlas de las administraciones implicadas: Gobierno de Canarias,cabildos y ayuntamientos.
La vigencia del texto encargado por la Fecam la refuerzan unas declaraciones realizadas esta misma semana en este periódico por Pedro Martín,miembro de la gestora del Fecam y alcalde de Guía de Isora,que alertaba de la delicada situación económica de muchos ayuntamientos canarios,y lamentaba que gran parte de ella derivada de la aplicación de competencias que,ni siquiera,correspondían a la administración municipal.
Y tenía razón,pero a medias. Por la dejadez a la hora de aplicar la legislación vigente,algunos ayuntamientos ejercen competencias que no les corresponden,pero la cercanía al ciudadano,y el rédito político que eso implica -en ocasiones- los lleva a asumirlas con todas sus consecuencias.
Por ejemplo,según el informe de la Federación de Municipios,solo están obligados a ejercer la prestación de servicios sociales los municipios con una población superior a 20.000 habitantes,hecho que no se cumple en muchos consistorios. Además,solo tienen la obligación de contar con parque público y biblioteca pública aquellos ayuntamientos que cuenten con más de 5.000 habitantes,hecho que,también,se antoja alejado de la realidad municipal actual.
Sí son de competencia municipal para todos los municipios los servicios de alumbrado público,cementerio,recogida de residuos,limpieza viaria,abastecimiento domiciliario de agua potable,alcantarillado,acceso a los núcleos de población,la pavimentación de las vías públicas y el control de alimentos y bebidas.
No es de extrañar,por tanto,que el informe encargado por la Fecam advierta de la necesidad de convocar una reunión de los técnicos designados por las Administraciones concurrentes «con el fin de profundizar en el proceso»,se entiende de aclaración de la prestación de competencias.
Nueva ley
Los pasos dados en este sentido en la última legislatura fueron escasos,según recuerda el propio Lasso,sin embargo existe ahora la esperanza que se cumpla lo firmado en el pacto de Gobierno regional entre PSOE y Coalición Canaria (CC).
Ambas fuerzas políticas se han comprometido,en su acuerdo de gobernabilidad para Canarias,a promover la aprobación de una nueva ley de Administraciones Públicas canarias,que defina con criterios de racionalidad y eficacia el marco competencial de cada una de las administraciones locales de las Islas,evitando así la duplicidad de competencias.
Solo falta comprobar ahora si hace falta otra ley,o aplicar,como dice el informe de la Fecam,las ya existentes.
