A pocos meses de que comience la campaña de las próximas elecciones generales,los dos partidos mayoritarios han encontrado en los recortes a las administraciones una nueva fórmula mágica para salir de la crisis y mejorar la situación de la economía española.
El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno,Alfredo Pérez Rubalcaba,abrió el debate al poner encima de la mesa la posibilidad de suprimir las diputaciones. «Hay que revisar profundamente el papel de nuestras diputaciones porque,tal como están configuradas,son una cuarta Administración que sobra»,dijo el pasado martes. Al día siguiente,el responsable de Economía del PP,Cristóbal Montoro,se apuntaba al carro reclamando desde un ángulo completamente diferente «un plan de reordenación» del sector público y la «depuración» de sus plantillas que,consideró,han sido «infladas» por el PSOE.
Pero ¿es posible adelgazar la Administración manteniendo el Estado del bienestar? ¿Sería factible un recorte de organismos públicos en la lucha contra la crisis? Público ha consultado ambas cuestiones a expertos politólogos y constitucionalistas. Y el resultado es contundente: con diversos matices,todos coinciden en que es necesaria una reordenación de los organismos territoriales en España para que sean «más eficientes» y se ponga fin a «las duplicidades» entre administraciones. Consideran que la reforma es,en plena crisis,más necesaria que nunca,pero apuntan,también,que debía haberse hecho ya hace varios años.
A pesar de considerarse «escéptico» con las promesas de los políticos cuando hablan de suprimir organismos como ministerios -el «chocolate del loro»,dice-,el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense Julián Santamaría asegura que «firmaría por una reforma completa del sistema territorial para optimizar recursos y facilitar el acceso de los ciudadanos a las instituciones»,siempre que sea fruto de «un estudio sosegado».
Santamaría se muestra a favor de la supresión inmediata de las diputaciones porque,a su juicio,esa iniciativa trata de «facilitar una distribución de competencias que se pueden asumir en otros niveles». «No podemos seguir financiándolas»,apunta en la misma línea la politóloga Lourdes López Nieto,de la UNED.
Desde esta misma universidad,la constitucionalista Yolanda Gómez plantea,en cambio,dificultades legales para acabar con las instituciones provinciales,que acumulan más de 200 años de historia y que en 2010 emplearon a más de 70.000 personas,según las cifras del Ministerio de Política Territorial.
«El artículo 141 de la Constitución establece que el Gobierno y la Administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo»,recuerda. En consecuencia,si se suprimen las diputaciones se deberían crear otras administraciones «que se encarguen específicamente de administrar las provincias sin que se produzca ningún ahorro».
Pero la «exigencia del momento actual» sí requiere,a su juicio,un recorte en la estructura del sistema público. «Habrá que ver qué se puede hacer con los municipios sin que se perjudiquen los servicios a los ciudadanos,porque disponer de organismos en localidades tan pequeñas resulta caro».
Un sistema «obsoleto»
Esta misma tesis es la que sostiene Javier Lorenzo,profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. La organización territorial actual la considera «insostenible». «Se ha creado un monstruo administrativo que quizá era necesario durante la configuración del Estado autonómico pero que,con su consolidación,hace diez años,ha quedado obsoleto».
Lorenzo baraja varias posibilidades para conseguir una «mayor eficiencia» de la Administración,y a la vez facilitar su «transparencia»: propone la supresión de municipios,la creación de mancomunidades «capaces de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de varios municipios»,o incluso la implantación de impuestos locales que aseguren la sostenibilidad del sistema. Para ello,no se debe «tener miedo» a la hora de reformar la Constitución,añade.
Miguel Ángel Presno,catedrático de la Universidad de Oviedo,considera que hay que ir «más allá» de la reforma de las administraciones locales. «Se debe abrir un debate sobre las instituciones autonómicas para,por ejemplo,poner coto a la duplicación administrativa a través de los cargos de confianza»,propone. Como los demás expertos,insiste en que el «problema no es exclusivamente de dinero,sino también de eficiencia».
Lourdes López plantea un recorte drástico. «No todos los servicios tienen que ser gestionados por las administraciones públicas». En su opinión,la «eficiencia» a la que aluden todos los expertos pasa por «activar a la sociedad civil» para «muchos aspectos,como los deportivos o culturales,en los que los organismos públicos no tienen que intervenir». Según sostiene,su tesis estaría además en sintonía con las reivindicaciones del Movimiento 15-M,que pide «más responsabilidad a los políticos».
En contraste con las últimas propuestas de los dos partidos mayoritarios y con la opinión de los expertos consultados por este diario,el portavoz parlamentario de Izquierda Unida,Gaspar Llamazares,considera que «no se debe vincular el adelgazamiento de la Administración a la situación económica». «No se puede hacer responsable de la crisis a lo público,sino que es precisamente del impulso de lo público de lo que depende la salida de la crisis»,matiza.
Llamazares critica,en esta línea,que «los partidos utilizan la crisis de forma ultraconservadora para recortar de lo público. Es una campaña espartana de lo público y despilfarradora de lo privado»,insiste. Izquierda Unida,no obstante,sí comparte el fin de las diputaciones,»Es una reivindicación histórica de la federación»,recuerda el diputado. «Pero no tiene nada que ver con la crisis,sino con la configuración de un Estado federal»,concluye.
