l director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez de Aguilera, considera que el proyecto de reforma de la Ley de Suelo representa una amenaza para el medio ambiente de Canarias de una gravedad comparable a la de las prospecciones petrolíferas, «aunque tenga menos visibilidad».
«De forma encubierta, se pretende legislar a favor de las elites económicas de Canarias» y «hace saltar por los aires el sistema de gestión y control del territorio, manifestó anoche Gómez Aguilera, durante la presentación en la sede de la propia Fundación en Tahíche (Lanzarote) de la plataforma que se opone a esta reforma legal.
El acto contó con representantes de organizaciones como CCOO, UGT, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Intersindical Canarias, Transparencia Urbanística, Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Somos Lanzarote, Alternativa Ciudadana o Vecinos Unidos.
Entre el público, también figuraban la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento canario, María Dolores Corujo; la alcaldesa de Arrecife, la socialista Eva Anta; el expresidente del Cabildo de Lanzarote Enrique Pérez Parrilla y el exconsejero insular de Política Territorial, Carlos Espino.
La presentación de la plataforma en Lanzarote intervinieron cuatro personas: el exdirector de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible Faustino García Márquez; el representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes; el secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez; y el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera.
Los ponentes defendieron que, de aprobarse la ley en los términos en los que ha sido presentada, se reactivará la «burbuja inmobiliaria y de la construcción», lo que supondría una «involución» para el archipiélago, además de una «irresponsabilidad de calado».
Faustino García realizó un análisis del contenido del anteproyecto, para concluir con su impresión de que esta reforma no responde a cuestiones técnicas, «si no políticas y de valores».
Así mismo, opino que el anteproyecto de Ley del Suelo tiene componentes «neoliberales, desarrollistas, desreguladores y vacíos de participación ciudadana», lo que «deslegitima», desde su punto de vista, esta iniciativa.
El secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez, indicó que «la coartada del empleo es una propaganda engañosa» y señaló la contradicción de justificar la Ley del Suelo con la generación de puestos de trabajo.
García Márquez y Gómez Aguilera coincidieron en que es una «contracción» que un gobierno «de signo nacionalista» plantea un proyecto de ley que, a su juicio, «no contribuye» a crear un proyecto regional y «desarticula la cohesión» de Canarias.
El director de la Fundación César Manrique anunció la creación de una mesa de trabajo en Lanzarote, a partir de la próxima semana, que acoja a todas la organizaciones políticas, sociales y sindicales insulares para replicar en la isla la plataforma gestada a nivel regional y con el fin de «aunar fuerzas».
