El portavoz del PSOE en la Cámara, Iñaki Lavandera, apostó este viernes por que el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley del Suelo de Canarias “busque el máximo consenso desde el respeto a las distintas posiciones políticas y la responsabilidad en su defensa”.
En Comisión de Cabildos, subrayó que el Grupo Socialista comparte la necesidad de simplificar, unificar y actualizar la normativa territorial en las islas, así como la de adaptar los procedimientos para facilitar la actualización de la planificación. “Canarias sufre una maraña normativa en la toma de decisiones sobre el territorio, con varias leyes reguladoras vigentes y multitud de fronteras confusas entre ellas”, dijo.
Lavandera hizo hincapié en la importancia de defender un modelo territorial en el que se pueda planificar y desarrollar actividad económica “sin renunciar de ningún modo a que ese desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente” Explicó que entre las principales consecuencias de esa maraña legal figura la dificultad en la aprobación del planeamiento, con procedimientos interminables y, en muchos casos infructuosos, así como los conflictos entre administraciones en el ejercicio de sus funciones o la carga injustificada sobre empresas y ciudadanos.
“Este proyecto de ley pretende abordar y resolver esta situación, para lo que el Gobierno de Canarias plantea una revisión profunda de los procedimientos en la toma de decisiones sobre el territorio apto para su uso en las islas, porque la nueva norma parte del principio de no regresión en las decisiones estructurales sobre el suelo disponible”.
Como recordó, no se va modificar la regulación de los espacios naturales protegidos. También se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable sólo contiguo al urbano, así como la prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos. La nueva Ley del Suelo, indicó, se propone simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos que no resultan aptos para ese desarrollo.
Señaló que el propósito ha sido aglutinar en una única ley todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo. El proyecto de ley mantiene las categorías actuales -rústico, urbanizable y urbano-, pero introduce una novedad muy significativa al considerar que todo suelo no urbano o no urbanizable es, por principio, suelo rústico, invirtiendo el criterio fijado por ley estatal.
Destacó que otra de las novedades tiene que ver con la revisión de los procedimientos en función de las competencias atribuidas a cada administración en materia territorial y urbanística. En este sentido, las herramientas de planeamiento serán aprobadas por las administraciones competentes, mientras que las administraciones afectadas intervendrán en proceso vía informe sobre aquellas materias de su competencia.
“El objetivo último es compatibilizar la protección del paisaje y las condiciones generales que tienen las islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo”, recalcó, recordando que el desarrollo sostenible de Canarias “ha sido y es una seña de identidad del PSOE”.
Iñaki Lavandera expuso que la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación “la tiene que llevar a cabo un órgano independiente del planificador, que debe ser la Comunidad Autónoma de Canarias”. Apostó por modular la posibilidad de establecer usos complementarios a las actividades ya permitidas en suelo rústico al mínimo imprescindible en aplicación del principio de contención del consumo en el suelo rústico.
También consideró que se debe reafirmar que en los espacios naturales protegidos, la única clase de suelo posible sea la de rústico con las excepciones que desde el consenso se puedan determinar. Abogó por evitar cualquier atisbo de inseguridad jurídica derivada del vacío legal del cambio de rango normativo de las directrices y por ampliar el nivel de exigencia en el uso de novedosos instrumentos como las ordenanzas provisionales, “que no por novedosas deben ser puestas en cuestión pero sí revisar sus especificidades”.
Por otra parte, consideró muy positivo el cambio introducido por el Gobierno durante la tramitación del proyecto para que la administración autonómica pueda informar sobre la legalidad de los planes de ordenación en virtud del principio de lealtad institucional. Para concluir su intervención, insistió en la necesidad de que se dé el mayor consenso posible, destacó que el proyecto de ley permite simplificar la regulación sobre una materia ya de por sí con múltiples variables y defendió garantizar la seguridad jurídica para la actuación de las diferentes administraciones y resto de legítimos actores en la planificación y desarrollo del suelo.
