La 22ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), que terminó en Marrakech, aspiraba a ser la cumbre de las soluciones, después de las decisiones adoptadas en la cumbre de París (COP21) del año pasado. Como se recordará, uno de los acuerdos alcanzados en París consistió en mantener el aumento de temperatura del Planeta por debajo de los dos grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales.
El Acuerdo de París entró en vigor el pasado 4 de noviembre de 2016, después de que el Parlamento Europeo diese su consentimiento para la ratificación y tras la aprobación por parte de los 55 países responsables de más del 50% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). No obstante, el informe publicado recientemente por la Organización Meteorológica Mundial parece indicar que 2016 será el año más caluroso con una temperatura media superior al récord establecido en 2015 -teniendo en cuenta que estos últimos cinco años han sido “los más calurosos jamás registrados” en el Planeta-. Además, se ha confirmado que en 2015 se batió otro récord: el de concentración de CO2 en la atmósfera, principal gas responsable del efecto invernadero.
Y no solo eso, sino que la desertificación, la pobreza y la escasez de recursos básicos pueden desestabilizar a los países más vulnerables (cf. Laudato si’). En este sentido, se estima que la degradación del medio ambiente, como consecuencia del cambio climático, va a convertir a 200 millones de personas en ‘refugiados climáticos’ en el 2050, como ya se ha subrayado en la cumbre de Marrakech.
Uno de los aspectos clave de la negociación en la ciudad marroquí ha sido, precisamente, la definición de los planes climáticos nacionales, asentado en dos ejes prioritarios: la información que deben incluir y la transparencia de estos planes, con el objetivo de asegurar el cumplimento de las acciones mediante un método de verificación estándar
Además, en Marrakech se debía fijar cómo abordar las inversiones -de unos 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020– en los países más desfavorecidos, para mitigar las consecuencias directas del cambio climático, como la subida del nivel del mar, entre otras.
Mientras tanto, en España el gobierno en funciones hasta hace unos días no ha podido ratificar el Acuerdo de París. Ahora le tocará sacar adelante una ‘Ley del Cambio climático’ donde queden recogidos los esfuerzos que se deben hacer para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los compromisos fijados por la Unión Europea para todos sus miembros, los cuales, como decíamos al comienzo del artículo, ya han sido ratificados por el Parlamento Europeo.
Asimismo, la nueva ley deberá acometer la eliminación progresiva de las centrales térmicas y de la minas de carbón que no sean rentables, potenciar el uso de las energías renovables, fortalecer el reciclaje mediante una economía circular, modernizar las técnicas agrícolas para un uso más racional del agua y de los fertilizantes; también deberá recoger la lucha decidida para la prevención de los incendios forestales y el impulso a medidas de reforestación para conseguir que los bosques sean sumideros de CO2, además de un conjunto de acciones de educación ambiental a todos los niveles que aboguen por el uso responsable del agua, de los medios de transporte y de los recursos naturales y artificiales, con el objetivo de conseguir un desarrollo resiliente que sea capaz de recuperarse de los impactos climáticos extremos y de las condiciones ambientales adversas.
Luis Herrera Mesa Catedrático emérito de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra
