La suma de los votos del PP y PSOE a favor del nuevo Estatuto de Canarias se ha sobrepuesto a las críticas de Unidos Podemos y de Ciudadanos para permitir que se inicie la tramitación en el Congreso de un texto que avanza en el régimen competencial sin vulnerar el marco constitucional.
A falta de la votación final, en el hemiciclo del Congreso se han distinguido claramente dos sectores: a favor del Estatuto, PP, PSOE, CC y PNV; y en contra, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Retirada la reforma en 2007 por el acuerdo entre Partido Popular y Coalición Canaria, lo que apartó al archipiélago de la oleada de reformas estatutarias de segunda generación de otras autonomías, el Congreso ha recibido hoy de nuevo una propuesta similar del Parlamento de Canarias.
Similar porque el anterior Gobierno canario, entonces presidido por Paulino Rivero (CC), inició unas negociaciones que ha concluido el Ejecutivo actual, liderado por su compañero de partido Fernando Clavijo, presente en el Congreso junto a su vicepresidenta, la dirigente socialista Patricia Hernández.
En la tribuna de invitados han estado también la presidente del Parlamento autonómico, Carolina Darias (PSOE), o el líder del PP insular, Asier Antona.
Todos ellos, previas fotos en la escalinata del Congreso, han asistido a un debate que comenzaron los representantes de los partidos que lo aprobaron en Canarias: José Miguel Ruano, de Coalición Canaria, e Iñaki Lavandera, del Partido Socialista.
Ambos han firmado un discurso muy parecido, aunque con algunos matices: Ruano, por ejemplo, ha agradecido al PP que se haya sumado al acuerdo gracias a las reuniones celebradas en últimas fechas en el Ministerio de Presidencia con el secretario de Estado de Relaciones con las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.
Lo que busca el nuevo Estatuto, que puede experimentar cambios a partir de ahora, es dar a los canarios «herramientas» para perfeccionar el autogobierno y favorecer el desarrollo económico y social tras casi 30 años de vigencia del texto estatutario actual.
Porque hay que mejorar el «encaje de Canarias en España como región singular y lejana», estatus reconocido por la UE al considerar las islas región «ultraperiférica», mediante un nuevo estatuto con proyección de 20 ó 25 años.
La diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, ha incidido más adelante en las nuevas competencias que reciben las islas, costas, transporte marítimo, servicio aéreo insular o control fitosanitario, y en los derechos que se blindan: lucha contra la violencia machista, memoria histórica, etc.
En representación del PSOE, su portavoz en Canarias, Iñaki Lavandera, ha destacado «el reto» que supone actualizar el Estatuto de Canarias por cuanto amplía competencias y protege los derechos sociales (también ha recalcado la eliminación de los aforamientos, pero sólo vinculado a lo que se derive de su actividad).
Entretanto, el diputado socialista en el Congreso por la provincia de Las Palmas Sebastián Franquis ha abogado por propiciar la tramitación del Estatuto para que los grupos hablen y acuerden cambios, incluidos los que voten en contra de la toma en consideración o se abstengan.
También a favor se han mostrado Nueva Canarias y el PP, si bien los dos también han deslizado algunos «peros».
Pedro Quevedo, diputado de NC, ha cuestionado el sistema electoral de las islas, que hace que un 83 por ciento de la población (la residente en Gran Canaria y Tenerife) elija al 50 por ciento de los escaños autonómicos, el mismo porcentaje que elige el 17 por ciento restante (los habitantes de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote).
El diputado popular por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos, por su parte, ha reprochado que las negociaciones llevadas a cabo en Canarias no se han caracterizado precisamente por la voluntad de cohesión política, ya que sus promotores, CC y PSOE, excluyeron al PP de las mismas.
Reproches más duros han procedido de Ciudadanos, cuya diputada por Santa Cruz de Tenerife Melissa Rodríguez, ha criticado que las reclamaciones competenciales anulan al Estado en las islas, se aparca la reforma electoral, se trocea la administración de Justicia, mantiene en verdad el aforamiento y socava la autonomía local.
También ha cuestionado las gestiones sanitaria y educativa, y ha dado datos: desde «el récord absoluto» de listas de espera a los que muestra el último informe PISA.
Y Unidos Podemos, a través de la diputada por Las Palmas Meri Pita, ha puesto el acento en el «antidemocrático» sistema electoral, en la baja cuantía de los sueldos y de las pensiones, los casi 600.000 canarios en riesgo de pobreza o el más del millón que no pueden ni tomarse unas vacaciones.
Pita ha llevado sus críticas a CC por llevar 25 años gobernando las islas: «Es un consejo de administración que comercia con nuestra tierra y con nuestra gente», ha afirmado.
Terminado el debate, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado en una pronta aprobación definitiva de la reforma, si bien ha dejado claro que lo importante es «no sacrificar el consenso».
«Espero que el diálogo y el debate sean sinceros y francos», ha subrayado.
