La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, anunció ayer a los miembros de la Junta de Portavoces que ha encargado a los propios servicios jurídicos del Parlamento un informe comparativo del sistema de indemnizaciones y ayudas a los diputados (lo que comúnmente se conoce como dietas) en relación con lo que se hace en otros parlamentos regionales. Preguntada en una rueda de prensa posterior, Darias reconoció que no ha puesto a sus servicios jurídicos ningún plazo concreto para entregar ese informe, que cualquier persona conectada a internet podría realizar en un par de días, gracias al actual sistema de transparencia. Además, el informe que propone Darias no tiene ningún valor práctico si no se incorpora al estudio de las dietas también el de los salarios de los diputados. Es por eso que tiene uno la impresión de que lo que plantea el Parlamento es una forma como otra cualquiera de darle largas a este asunto, que puede acabar convirtiéndose en una bomba de relojería para el funcionamiento de las instituciones canarias.
En efecto, salarios, dietas y gastos de representación de los diputados y miembros del Gobierno regional, además de los de los miembros de los Cabildos, alcaldes y concejales, no son hoy ya un asunto secreto o que pueda mantenerse oculto. Con la ley de transparencia en vigor, todas las corporaciones y entidades públicas tienen la obligación de hacer accesible al común de los ciudadanos el conjunto de sus gastos, el volumen destinado a salarios y dietas, con quién y a quiénes se contrata y otros asuntos que antes estaban mejor protegidos que un secreto de sumario. Hace pocos años, por ejemplo, el Gobierno de Canarias declaró secreto el coste de las obras realizadas en la residencia oficial de Paulino Rivero en Las Palmas, después de que se publicara que la decoración ordenada por Ángela Mena incluía la compra de unas escobillas de retrete de diseño por valor de más de 600 euros. Ocultar hoy algo así no es imposible del todo, pero sí muchísimo más difícil, sobre todo si alguien se toma la molestia de solicitar información y dar la tabarra hasta que la consiga.
Saber lo que cobran nuestros políticos es muy peligrosos para su imagen, y ellos lo saben mejor que nadie. Nos vamos a enterar de que hay instituciones y corporaciones donde se cobra salado, y otras donde no ocurre así, por más que en todas ellas las retribuciones de cualquiera se sitúen -en general- por encima del salario medio de cualquier funcionario, y las dietas muy por encima. Aparte los gastos de representación, que en muchas ocasiones se suman a actividades concretas y son muy difíciles de detectar.
La preocupación de los ciudadanos sobre lo que cuesta mantener la superestructura política es cada vez mayor, fruto no sólo de la crisis y la percepción de que esta no ha afectado a todos por igual. Lo que realmente ha desatado la indignación general es la reiteración de denuncias sobre comportamientos corruptos, y la sensación de que hay mucha gente que no se conformará nunca con ganar un buen sueldo. Los nuevos criterios de transparencia ayudan a saber lo que pasa. Pero no basta con saberlo, hay que cambiar lo que no es correcto. Podemos ha pedido en el Parlamento que se revise una situación que a todas luces parece abusiva, y muy distinta a la del resto de los funcionarios públicos. No basta con una declaración de intenciones de la presidenta Darias para que la ciudadanía se dé por satisfecha. Hace falta un compromiso sobre lo que se quiere hacer, y un calendario para ejecutarlo. Lo que nos ha dicho suena a pura milonga
