El Grupo Parlamentario Socialista llevará a pleno una iniciativa por la que pide al Gobierno de Canarias la optimización de los recursos destinados al Instituto Canario de Igualdad. La portavoz del área, Ventura del Carmen Rodríguez, explica que con la propuesta se insta a la realización de una auditoría o evaluación de cada uno de los recursos para saber cómo se presta en cada isla, tras lo que se evaluaría si se cubren las necesidades insulares y regionales.
Asimismo, se solicita la elaboración de una cartera de servicios de cada uno de los recursos, reglamentos y protocolos necesarios para tener una gestión homogénea y coordinada a través de esa optimización que defiende el PSOE.
Rodríguez Herrera recuerda que el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, suscrito en Estambul en 2011 y ratificado por España en 2014, prevé, entre otros objetivos proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, así como prevenir, perseguir y eliminar esos comportamientos.
También está encaminado a concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las mujeres víctimas de violencia y sus familias. La diputada del PSOE señala que es numerosa la normativa que protege los derechos de la ciudadanía frente a cualquier tipo de violencia, desde la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias o la ley de servicios sociales.
“Específicamente, la ley de 2003 de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género define en su artículo 5 el sistema canario integral de prevención y protección y el conjunto de actividades, servicios y prestaciones desarrollados por las administraciones públicas canarias por sí mismas, en colaboración con la Administración General del Estado o con entidades públicas o privadas”, indica.
Añade que esa norma establece la asistencia, protección y reinserción ante situaciones de violencia contra las mujeres para garantizar su dignidad personal y el pleno respeto de su entorno familiar y social. En su artículo 24 clasifica los servicios y centros que integran el sistema asistencial en dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, centros de acogida inmediata, casas de acogida y pisos tutelados.
Asimismo, regula las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma y a los cabildos, manteniendo en el ámbito competencial de la primera la planificación, la coordinación y la alta inspección. “En Canarias existe una red de recursos que se ha ido construyendo en todas y cada una de las islas. Nuestra diferencia geográfica hace necesario tener una red mayor que si fuéramos un territorio continuo”, subraya.
Rodríguez Herrera explica que a través de convenios entre el Instituto Canario de Igualdad con los siete cabildos existe en las islas una red de recursos y hace hincapié en la necesidad de que la calidad de los servicios sea igual donde quiera que se preste u que no se dupliquen servicios en una misma isla.
“Todo ello nos servirá además para conocer cómo se prestan los servicios en cada recurso: ratio de profesionales, tiempos de trabajo, infraestructura mínima o requisitos, entre otras cuestiones”, valora.
