La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente catalán Carles Puigdemont y a sus exconsejeros antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, según ha adelantado Efe y ha confirmado a EL PAÍS el portavoz del Ministerio Público bruselense y magistrado Gilles Dejemeppe. Los arrestos se producirán en las próximas horas, dado que los miembros del Govern no se han movido de la capital belga. «Tenemos información de que están en Bruselas», ha asegurado la fiscalía a este diario. A las dos de la tarde hay convocada una rueda de prensa para informar de la situación del expresidente y los exconsejeros, que huyeron a Bélgica el pasado lunes y a quienes la Audiencia Nacional busca por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación.
Tras la detención, realizarán su declaración ante un juez, pero entretanto, los abogados de Puigdemont y de los exmiembros de su gabinete Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están en contacto con las autoridades judiciales belgas para concretar cómo se realizará la entrega.
Su detención no implica que vayan a ser esposados. El expresidente ha reiterado su disposición a cooperar y no ha mostrado intención alguna de resistirse. «Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga con respecto a la orden de arresto europea emitida por España», afirmó ayer sábado en un mensaje publicado en neerlandés en su cuenta de Twitter, señal inequívoca de que pensaba acudir voluntariamente a que le tomen declaración.
Una vez sean llevados ante el juez, este tendrá 24 horas para tomar una decisión sobre las órdenes europeas de Detención y entrega emitidas por la magistrada Carmen Lamela. El juez deberá decidir entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión preventiva mientras se gestiona su entrega, o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones. Hay una tercera posibilidad, que Bélgica rechace la euroorden, pero resulta improbable que suceda, y de ser así abriría una crisis diplomática entre Bélgica y España.
Cuando el expresidente rechace la euroorden, la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial, tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega, pero la decisión podrá ser recurrida, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria independentista.
En cambio, si Puigdemont aceptara la euroorden, el proceso se aceleraría y sería entregado a las autoridades españolas en breve. Pero esa opción es improbable. Como expresó en la entrevista emitida el viernes por la televisión pública belga RTBF, el expresidente no cree en la imparcialidad de la justicia española. “Está politizada. No hay garantías de un juicio justo e independiente», aseguró. En el estudio de la televisión francófona, Puigdemont dijo querer ser juzgado por «la justicia verdadera», una categoría en la que no incluye a la española.
El experto en extradiciones Paul Bekaert, antiguo defensor de presos etarras ha mostrado la misma desconfianza hacia la justicia española que su cliente. Planea utilizar como argumentos para paralizar su entrega el riesgo de que en España no se respeten los derechos fundamentales y la imposibilidad de un juicio justo. El titular de Justicia belga ha querido alejar cualquier sospecha de interferencia del Gobierno de su país en el proceso. «El poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento. Todo se desarrolla mediante contactos directos entre autoridades judiciales», afirmó en un comunicado la noche del viernes.
La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el plano judicial y policial. En el pasado, Bélgica y España mantuvieron importantes desencuentros en torno a la concesión de asilo a etarras detenidos. Un roce que desde Madrid esperan no ver repetido con el caso Puigdemont.
Mientras tanto, las entidades soberanistas organizan este domingo una jornada de movilización para difundir carteles en contra del encarcelamiento de varios exconsellers, en una jornada en la que los partidos catalanes perfilan sus estrategias ante las elecciones del 21 de diciembre con la propuesta de candidatura de concentración que ha hecho el expresidente.
