Los representantes sindicales de los 60.000 empleados de la Comunidad Autónoma de Canarias han anunciado este lunes un 2018 «bastante caliente» si el Gobierno regional persiste en su negativa a abrir la negociación colectiva para la recuperación de sus derechos laborales.
De momento, los siete sindicatos que conforman la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias han anunciado que llevarán al Gobierno a los tribunales si persiste en negarse a convocar la negociación colectiva, solicitada y denegada en dos ocasiones a pesar que existe una obligación legal de hacerlo.
También denunciarán ante la justicia la existencia en el proyecto de presupuestos autonómicos de un informe favorable por parte de la Comisión de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, cuando ese órgano, en el que participan los sindicatos, ni siquiera se ha reunido.
«Es imposible que haya ese informe, si alguien está mintiendo lo tendrá que decidir un juez», denunció en rueda de prensa José Ramón Barroso, de CCOO, en representación de los siete sindicatos.
Además de estas medidas judiciales, los sindicatos van a preparar movilizaciones si el Gobierno de Canarias, y en particular el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, persiste en su negativa a reunirse con ellos y abrir el proceso de negociación colectiva, suspendido desde 2010.
Los sindicatos han empezado a reunirse con los grupos parlamentarios (por el momento con CC, Podemos y NC) para que a través de las enmiendas parciales a los presupuestos autonómicos modifiquen algunas de las medidas gubernamentales que consideran restrictivas de sus derechos y que ni siquiera suponen gasto.
Los siete sindicatos -Intesindical Canaria, Sepca, CCOO, FSES, Cobas, UGT y CSIF- demandan que en la Mesa General se negocien las medidas que no suponen coste económico, como la homogeneización de permisos, licencias y vacaciones, que se utilizan de manera distinta en cada departamento.
También exigen que se abra la negociación para otras demandas que, al tener coste económico, pueden aplicarse con carácter plurianual, como la jornada laboral de 35 horas semanales.
Barroso denunció que los servicios públicos son los que han cargado con el peso de la crisis, y eso lo padecen los ciudadanos en forma de listas de espera sanitarias, abandono escolar o falta de prestaciones por dependencia.
«Canarias es de las comunidades que menos invierte en servicios públicos y que menos empleados públicos tiene por habitante», sostuvo el representante sindical.
Esa situación continuará en 2018, puesto que los presupuestos suponen una pérdida de peso relativo en el gasto en sanidad, educación y en general en los servicios públicos, cuya participación cae en dos puntos porcentuales.
Ante la negativa del Gobierno a abrir la mesa de negociación, los sindicatos han pedido a los grupos parlamentarios que intercedan, ya que ni siquiera el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, ha accedido de momento a reunirse con ellos.
