El PSOE de Tenerife parece haber sucumbido a la tentación de comenzar una guerra interna contra las ejecutivas regional y federal del partido. Es algo que parecía descartado tras la elección de un municipalista moderado, Pedro Martín, votado como secretario general en las pasadas primarias. Pero durante el congreso, celebrado el pasado sábado en Adeje -un municipio clave del PSOE-, al final se desató un verdadero ajuste de cuentas -capitaneado por Patricia Hernández- contra los militantes tinerfeños partidarios de Ángel Víctor Torres.
Con la anuencia de los alcaldes Rodríguez Fraga, Mena y Martín, Patricia Hernández logró hacerse elegir presidenta del Congreso, controlando desde ese momento su desarrollo. El objetivo de la exvicepresidenta era impedir la posibilidad de una lista de consenso entre la dirección de Canarias y el partido en Tenerife. Con el sistema de primarias, que enfrenta a todo o nada de forma pública a los candidatos a la secretaría general, cada vez es más difícil en el PSOE lograr consensos. Eso es algo que ya casi se ha asumido por un partido que se definió siempre por su extraordinaria capacidad para debatirlo todo internamente y lograr entendimientos. Lo que no pertenece a la cultura del PSOE es lo que ocurrió en este congreso. Y no me refiero a la aprobación de una inaplicable resolución conminando a la urgente censura del alcalde de La Laguna, obviando que la competencia en política de pactos corresponde a los órganos regionales del partido. A fin de cuentas, la censura no cuenta con los votos suficientes y además deberá ser respaldada por el Comité regional antes de llevarse a cabo. Por eso resulta asombrosa la maniobra protagonizada por la presidenta del Congreso para modificar la composición del Comité Regional, evitando que la candidatura presentada por el grupo afín a Ángel Víctor Torres pudiera ser votada. Hernández alegó un defecto de forma en la candidatura, tras abandonar ésta dos afiliados (una de ellos estaba también en la lista de Patricia Hernández) que, con su salida modificaron el «efecto cremallera» entre hombres y mujeres que establecen los estatutos. La solución habría sido tan sencilla como permitir la reordenación de la lista, pero Hernández opto por impedir que se votara, con lo que absolutamente todos los miembros del Comité regional elegidos en el Congreso son de su propio grupo y ninguno del opuesto. La decisión, recibida entre aplausos y vítores a Javier Abreu, expulsado del partido, fue contestada por la candidatura encabezada por el güimarero Rafael Yanes, «sanchista» reconocido. Yanes impugnará ante los órganos del PSOE la elección del Congreso, por impedir el derecho de los militantes de esa candidatura a ser elegidos. La impugnación la dirime la Comisión de Garantías del PSOE, controlada por los «sanchistas». Si se acepta la impugnación, y hasta tanto no se celebre un nuevo congreso insular, los socialistas de Tenerife -todos los socialistas de Tenerife, los de Patricia Hernández y los que no lo son- se quedarían sin representación en el comité.
¿Es importante eso o es solo un asunto interno del PSOE? En realidad, es importante a efectos de que pueda forzarse (o no) la censura en La Laguna. Si el total de los representantes de Tenerife son seguidores de Hernández podría llegar a ser respaldada por el Comité regional, aunque nunca llegué a prosperar en el ayuntamiento. Resulta asombroso que La Laguna se haya convertido en el eje de toda la política regional: desató el caso Grúas y ahora puede partir en dos al PSOE canario. La venganza es capaz de levantar pasiones, mover montañas, y contaminar entendederas. Así va la cosa.
