El PSOE de La Gomera insta a las instituciones públicas de isla -que actualmente mantienen suscrito un contrato con la empresa Ralons Servicios S.L.- a “tomar medidas urgentes” debido a la situación por la que están atravesando decenas de familias gomeras que trabajan para esta empresa de Miguel Ángel Ramírez.
El día a día de los trabajadores y trabajadoras de esta compañía es insostenible puesto que llevan varios meses sin percibir sus salarios,debido a la situación por la que atraviesa Ralons Servicios S.L., ya que los retrasos en el abono de las nóminas así como los impagos se han convertido en habituales.
Para el PSOE «las dos instituciones que actualmente tienen un contrato de servicios con Ralons en la isla, o sea, Cabildo Insular y Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, deben reaccionar cuanto antes y buscar una solución urgente que ponga fin a la situación de inestabilidad que viven los empleados de la empresa de servicios. Instamos a Cabildo y Gerencia a sustituir los contratos por la vía de emergencia.
«Exigimos que tanto la Institución insular como la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actúen de una vez pensando en el drama que están viviendo numerosas familias, al no poder hacer frente a los gastos fijos mensuales como hipotecas o tributos de servicios. De esta forma estamos asistiendo –señalan los socialistas– a un endeudamiento y empobrecimiento de muchos trabajadores que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
A nuestro juicio, se debe negociar la resolución del actual contrato para que no exista un vacío en el servicio, publicándose un procedimiento por la vía de emergencia para firmar un nuevo contrato con otra empresa por los meses restantes hasta la finalización del actual».
La vía de emergencia es un procedimiento extraordinario previsto para circunstancias muy concretas que precisan la aprobación del servicio de intervención.Tanto la empresa provisional como la definitiva que resulte del concurso, deberán subrogar al personal y ajustarse al convenio estatal.
Esta compañía -que según reza en su web- nace en 1995 en Gran Canaria junto a Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad del grupo dirigido por el máximo accionista de la Unión Deportiva Las Palmas: Miguel Ángel Ramírez que a día de hoy y durante los pasados años nunca ha cumplido con el Convenio Colectivo Estatal de las empresas del sector de la seguridad, lo que ha generado numerosas denuncias y manifestaciones en contra de este grupo empresarial por parte de los sindicatos.
“Apelamos a que las fuerzas políticas responsables de las Instituciones afectadas,presionen en sus respectivos ámbitos para que esta compañía abone los salarios atrasados y que se tengan en cuenta el historial de aquellas empresas que solicitan participar en adjudicaciones de servicios públicos donde se pueda dar como resultado precariedad laboral que conllevan a situaciones inaceptables en un mercado laboral del siglo XXI, llevando al total empobrecimiento de la clase trabajadora”, concluyen.
