La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles en el Congreso un «plan de choque» para tratar de abaratar el recibo de la luz ante la «gran preocupación e incertidumbre» que ha generado la escalada de precios del mercado mayorista, que están en máximos anuales.
Según eldiario.es, Ribera ha anunciado que «en las próximas semanas» el Gobierno aprobará, entre otras medidas, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7%, la supresión inmediata del impuesto al sol y la puesta en marcha de medidas para dotar a los consumidores de «mayor flexibilidad» en cuanto a la potencia contratada. Además, para final de año presentará las líneas de una «reforma estructural» más profunda del sector.
La primera medida anunciada por Ribera ha sido la de eliminar el impuesto a la generación eléctrica, introducido en la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2012 para intentar embridar el déficit tarifario y que el propio PP ha propuesto suprimir esta misma semana. Este tributo, que grava con un 7% el valor de la generación de todas las centrales y que en buena medida se traslada al precio mayorista (esto es, lo acaba pagando el consumidor), fue avalado por el Tribunal Constitucional en julio pasado y aporta al sistema eléctrico (no financia las arcas públicas) unos 1.700 millones anuales.
Según Ribera, su «reducción a tipo prácticamente cero» servirá para «aliviar la factura del consumidor» en un «momento excepcional». Su suspensión supone un ejercicio de pragmatismo, dado que su eliminación ya había sido propuesta por el PP (que dice que abaratará la factura del consumidor una media del 3%) y está bien vista por las grandes eléctricas.
Ribera ha recordado en su comparecencia que «en muchos casos» los consumidores domésticos tienen contratada una potencia «muy superior a la potencia máxima consumida», lo que supone «gastos innecesarios», por lo que se dotará al usuario de «mayor información» sobre sus «necesidades reales de potencia contratada» y se articularán medidas para una «mayor flexibilidad en cuanto al valor de la potencia a contratar».
La ministra también ha avanzado su intención de eliminar ya el denominado impuesto al sol, que inicialmente se había comprometido a suprimir antes de fin de año, mediante una modificación de la Ley del Sector Eléctrico que recoja una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, ERC, PNV y el grupo Mixto que, entre otras cosas, exime a las plantas de pequeña potencia de la inscripción en el registro e incluye medidas de simplificación administrativa para pequeñas instalaciones.
Ribera también ha anunciado su intención de dar «continuidad» al actual sistema de bono social eléctrico, que expiraba en octubre, lo que amenazaba con dejar fuera de esos descuentos del 25% a 1,8 millones de clientes, y ampliar su ámbito de actuación incrementando los límites que dan derecho al descuento, incluyendo entre los beneficiarios a las familias monomarentales.
La responsable de Transición Ecológica también ha propuesto extender este sistema de protección para la calefacción, sin dar más detalles. Según fuentes de su departamento, este bono no solo protegerá a los clientes vulnerables que usen gas para calentar su hogar; también se aplicará para otros combustibles, como pellets de estufas de combustión, por ejemplo. A más largo plazo, la ministra ha anunciado que presentará antes de 6 meses una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, que en 2016 afectaba a un 11,6% de la población española.
Respecto a la reforma «estructural» del sector que perfila una vez esté en marcha este plan de medidas de choque, Ribera ha subrayado que el actual diseño del mercado marginalista, en el que todas las tecnologías cobran el precio que marca la última central que marca el precio, provoca «situaciones muy absurdas», como que tecnologías con un coste variable prácticamente nulo (como la hidráulica y la éolica) acaben fijando el precio mayorista la mitad de las horas.
En su intervención inicial, la ministra ha lamentado el «precioso tiempo» perdido en los últimos años, caracterizados por el «abandono de la senda renovable» y la adopción de medidas que iban «en la dirección opuesta a la descarbonización» y que han provocado «gran litigiosidad y pérdida de confianza». Según Ribera, España ya tiene presentadas 42 demandas de arbitraje de inversores extranjeros que reclaman 10.000 millones de euros en indemnizaciones por los recortes a la retribución de las renovables.
La ministra también ha avanzado que el Gobierno va a «retirar» el recurso a la Ley Catalana de Cambio Climático y ha asegurado que el conflicto institucional «absurdo» con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de la luz, que ha motivado un ultimátum de la Comisión Europea, está «en vías de solución».
