Los seres humanos no viven de las leyes, pero conviven gracias a las leyes. Todos los ámbitos de la vida se mueven bajo un paraguas normativo que protege a los ciudadanos, que garantiza la igualdad de oportunidades y que establece el cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones.
Esta pasada semana Canarias ha terminado un largo camino de catorce años. Un camino que acaba —y al mismo tiempo empieza— con la publicación del nuevo Estatuto de Autonomía; un proyecto que empezó en la presidencia de aquel buen presidente que fue Adán Martín en el año 2004. Inexplicablemente, el pueblo de Canarias ha permanecido ajeno al trámite y a la aprobación de su ley más importante. Pero ha estado ajeno porque nadie les ha invitado a participar. El Estatuto ni se ha explicado suficientemente a los ciudadanos ni se les ha consultado sobre su aprobación en un referéndum, algo que sí se contempla afortunadamente para cualquier modificación futura.
Las Islas Canarias tienen hoy luces y sombras. Es posible que las sombras sean consecuencias de los errores que han cometido sus dirigentes, pero es seguro que las luces son el resultado del marco jurídico que nos dio el viejo Estatuto de 1982 que se ha enterrado inmerecidamente con más pena que gloria. Aquel Estatuto, con poco más de sesenta artículos, definió lo que sería la Comunidad Autónoma de Canarias y reguló nuestra convivencia a lo largo de todos estos años. Y es justo decir que junto a importantes carencias, aquella ley nos ha permitido transformar profundamente la realidad de este Archipiélago.
¿Qué es lo más importante de este nuevo Estatuto? Sin duda que establece de una forma jurídicamente indiscutible la personalidad singular de las Islas Canarias y, dentro de ella, su acervo fiscal propio. En el texto de esta nueva ley se recogen hechos consustanciales con nuestra tierra, como la insularidad, la lejanía y la ultraperiferia. Y lo que es más importante, se establece que esas circunstancias diferenciales deberán ser tenidas en cuenta por los poderes públicos a la hora de establecer sus políticas cuando afecten a las Islas Canarias. El texto de la nueva ley habla por primera vez de los costos de la insularidad y alude incluso a los sobrecostos de las islas no capitalinas, a las que contempla incluso —en el artículo — hablando de las por primera vez de las capitales insulares, en donde radica la sede de cada uno de los cabildos.
Nos encontramos ante un texto de Estatuto de última generación en donde se contemplan de forma casi exahustiva los derechos de los ciudadanos de las islas y la obligación con ellos de los poderes públicos. Es la primera vez que se puede leer en una ley estructurante en Canarias el reconocimiento del derecho a una vivienda digna, de la obligación de atender a los mayores, de una renta de ciudadanía, del derecho al trabajo, de la obligación de trabajar para eliminar las desigualdades… En resumen, se puede atisbar el espíritu de un legislador que plantea las actuaciones necesarias para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. No es poca cosa en una ley de leyes.
En el terreno del blindaje de las circunstancias especiales que concurren en las Islas el texto hace múltiples referencias. El artículo 101 establece que la normativa que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias, sean exclusivas o compartidas, deberán tener en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias reconocidas por la Unión Europea. En el artículo 160, sobre transportes, se contempla que Canarias participará, a través de la Comisión de Seguimiento de las Obligaciones de Servicio Público, en el análisis de la situación de la gestión del servicio de transporte aéreo declarado como tal, que transcurra íntegramente dentro del ámbito del Archipiélago, pudiendo realizar propuestas de desarrollo normativo y ejecución en esta materia, lo que viene a consolidar tales obligaciones de servicio público en las islas. Y se mantiene que la Comunidad canaria recibirá las competencias de aeropuertos y puertos declarados de interés general “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”, lo que cierra la puerta a la privatización completa de AENA o las autoridades portuarias.
El hito más importante, en ese terreno, es sin duda todo el Título VI en donde se “blinda” el Régimen Económico y Fiscal especial canario y se protege su modificación dándole mayor participación e influencia al Parlamento de Canarias. El acervo propio de las islas, en materia de imposición indirecta propia, queda así protegido al máximo nivel en una ley que pertenece al bloque de constitucionalidad sin que pueda ser vulnerado —como venía siendo habitual— por las leyes de presupuesto de los sucesivos gobiernos centrales.
Y también es relevante que el Estatuto recoja y desarrolle un precepto que ya contemplaba el viejo texto de 1982, que es el que se determina en el artículo 181, sobre la necesidad de que los poderes públicos en las islas velen por el principio de la solidaridad interinsular. La Comunidad Autónoma estará obligada a velar por el cumplimiento del principio de solidaridad entre las islas, atendiendo, entre otros criterios, a los costes de la doble insularidad.
Las leyes son mucho más que un catálogo de buenas intenciones. Son la demostración de un propósito del legislador. Y con el nuevo Estatuto saludamos la aprobación de un texto que dibuja un pueblo dotado de su propia identidad, pieza de un Estado solidario y comprensivo con sus realidades territoriales, que pretende construir una sociedad más justa. Muchos analistas ponen el acento en asuntos como el mar de Canarias que pasa a ser pieza integral de la Comunidad o en el blindaje del REF o en las herramientas políticas nuevas, como la posibilidad de disolución del Parlamento o la reforma electoral. Pero desde mi visión de un político preocupado por la gente y sobre todo por la gente que vive en peores condiciones, el Estatuto es una herramienta útil para trabajar por la construcción de un Archipiélago mucho más justo y equitativo.
Ese es el camino que muchos hemos iniciado hace algún tiempo y que este nuevo Estatuto nos ayuda a recorrer. Primero porque nos sitúa ante el Estado al que pertenecemos en mejores condiciones para que se tengan en cuenta nuestras peculiaridades sin que estén al albur de la arbitrariedad del gobierno de turno.Y segundo, porque establece el objetivo de construir una sociedad mejor y más equilibrada en donde todos los canarios disfruten de los mismos servicios y los mismos derechos.
