La moción presentada por Coalición Canaria en La Gomera, instaba al Gobierno Central a la apertura de una vía diplomática con el gobierno de Marruecos, y al Gobierno Autonómico a adoptar acuerdos en defensa de nuestro mar.
Dado que esos hechos han tenido lugar en el transcurso de la aprobación de esta moción, Christian Méndez, representante nacionalista integrado en el Grupo Mixto del Cabildo Insular, se ha reafirmado en el pleno de este viernes, en la necesidad de que el gobierno central sea más contundente, y eleve una queja ante Naciones Unidas, pues hasta ahora no se ha tenido el efecto esperado, ya que Marruecos continúa con el trámite.
Coalición Canaria – PNC presentó esta moción en defensa del mar canario, en los 88 municipios de Canarias y en los siete cabildos. El texto respondía a la aprobación, por parte de Marruecos, de dos leyes que cambian la delimitación de la frontera marítima del reino alauita y que afecta de forma directa a Canarias.
Para los nacionalistas canarios, el alcalde de esta moción en defensa del mar canario debe ir más allá y debe recabarse, con el impulso de las administraciones canarias, el apoyo de todos los colectivos sociales y económicos de ámbito local, insular o autonómico para que, públicamente, manifiesten su apoyo al contenido de la moción Corporación tenga relaciones a que apoyen los contenidos de esta moción como una muestra de defensa del de nuestro mar y de Canarias.
Y, finalmente, la moción insta a todos los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y en el Parlamento de Canarias así como a los Grupos en el Parlamento Europeo a que adopten acuerdos “en defensa de nuestro mar haciendo ver a Marruecos que sus medidas unilaterales en esta pretensión son inútiles”.
El texto de la moción, recuerda que la delimitación de las aguas canarias siempre ha sido asunto de controversia dada la complejidad del derecho marítimo y la condición de Archipiélago perteneciente a un Estado, a lo que se une la cercanía a las islas portuguesas, a Marruecos y a las aguas costeras de la zona del Sahara Occidental.
Asimismo, reconoce que a lo largo de los años establecer las normas que deben regir las fronteras marítimas entre los países no ha estado exento de dificultades y si nos remontamos a la última convención que sobre este tema tuvo lugar en Montengo Bay, en 1982, quedaba establecido que la soberanía sobre las aguas abarcaba hasta las 12 primeras millas de la costa; hasta las 200 millas se extendía la Zona Económica Exclusiva(ZEE), sobre la que se tiene una soberanía limitada y esto se refleja en el modo previsto para su establecimiento ya que la convención estableció que no se puede establecer unilateralmente; y la plataforma continental que se extendería hasta las 350 millas.
Así, apunta la moción que para el trazado de la ZEE se requiere un acuerdo entre los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. Si el acuerdo definitivo no es posible, el convenio establece que los estados harán todo lo posible por alcanzar un arreglo provisional.
La moción recalca que en esta situación de indefinición, en la que todavía no están clara los límites marítimos de España, “Marruecos ha decidido unilateralmente fijar sus fronteras marítimas mediante la aprobación de dos proyectos de ley, por los que se anexionaría las aguas del Sahara Occidental, afectando a los intereses del Archipiélago y del Estado español en un amplio espacio al suroeste de las islas, tanto en su delimitación de la Zona Económica Exclusiva como de la plataforma continental”. De ahí la necesidad de buscar un frente común en defensa del interés de todos los canarios y canarias, ya que Marruecos considera que esta decisión responde a sus derechos como país soberano a establecer sus límites territoriales y prevé la integración del mar frente al Sahara Occidental, territorio del que no es soberano y por lo que contraviene las leyes vigentes que fijan el límite sur de su costa en la ciudad de Tarfaya.